Caracas,
17 ago (PL) Una auditoría a parques de armas y salas de evidencia de
los cuerpos policiales arriba a su etapa final en Venezuela, como parte
de una política destinada a fortalecer la seguridad, informaron fuentes
oficiales.
De acuerdo con la Comisión Presidencial para el Control de Armas,
Municiones y Desarme, el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía
ya realizó esa actividad en 125 organismos policiales del país, y sólo
restan por supervisar 19.
El propósito es verificar las
condiciones de resguardo de esos objetos y municiones, con lo cual las
autoridades cumplen dos resoluciones conjuntas de los ministerios de
Defensa y de Relaciones Interiores y Justicia.
Tales normativas,
publicadas en la Gaceta Oficial del 23 de mayo último, buscan evitar el
desvío de las armas en poder de funcionarios hacia circuitos ilegales.
Los resultados parciales de esta supervisión indican que los 125
cuerpos auditados tienen registradas 71 mil siete armas y dos millones
203 mil 22 municiones, detalló el viceministro para el Sistema Integrado
de Policía, Edgar Barrientos.
Señaló que 22 organismos
policiales fueron reportados al Ministerio Público por fallas en la
cadena de custodia de los artefactos decomisados en operativos, mientras
24 poseen armas que no se ajustan a los estándares de uso y
equipamiento.
Este trabajo, añadió, pretende "dejar bien
organizados los parques de armas y las salas de evidencia, lo que traerá
beneficios a cada institución policial" y también a la comunidad, pues
con más controles evitaremos que caigan en manos de delincuentes, dijo.
Tal iniciativa se inserta en el primer eje de la Gran Misión A Toda
Vida Venezuela, un programa presentado en junio último por el presidente
Hugo Chávez para consolidar la lucha contra la violencia, una de las
principales preocupaciones de los ciudadanos.
En este vértice
-Prevención y convivencia solidaria-, sobresalen las acciones dirigidas a
alcanzar un control efectivo de las armas y municiones, así como el
desarrollo de planes de desarme de la población.
La Misión
también promueve el fortalecimiento de los órganos de seguridad
ciudadana, y la transformación del sistema judicial, penitenciario y
penal.
Asimismo potencia la creación de mecanismos alternativos
de resolución de conflictos, un sistema nacional de atención a las
víctimas y, por último, la creación y socialización del conocimiento
para la convivencia y la seguridad ciudadana. |
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