La condena de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) a
Costa Rica por perjuicios ecológicos a Nicaragua y la aprobación en el
Parlamento de una ley sobre la construcción de un canal interoceánico
aquí, destacaron como noticias esta semana.
El Tribunal regional ordenó el lunes anterior a Costa Rica suspender de
forma inmediata la construcción de una carretera paralela al Río San
Juan de Nicaragua por sus graves afectaciones al ecosistema de la zona.
El fallo reconoce que el país vecino actuó de forma apresurada,
inconsulta, unilateral e inapropiada y violentó compromisos
internacionales como el Protocolo de Tegucigalpa y el Convenio para la
Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres
Prioritarias en América Central, entre otros.
La Corte señaló la
ausencia de un estudio de impacto ambiental y responsabilizó a Costa
Rica por los daños en el ecosistema compartido con el río, el cual forma
parte del Corredor Biológico Centroamericano, además condenó el impacto
negativo sobre la flora y la fauna.
En respuesta, el gobierno
costarricense amenazó con abandonar el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), poco después la presidenta Laura Chinchilla
anunció que como protesta al fallo de la CCJ se abstendrá de asistir a
las cumbres de presidentes en el actual semestre del año.
Nicaragua ostentará durante seis meses la presidencia pro tempore de ese
organismo regional, por su parte las organizaciones ambientalistas
nicaragüenses que ganaron el juicio contra Costa Rica solicitaron apoyo
al presidente Daniel Ortega para certificar los daños con más
especialistas.
Particularmente propusieron contratar un equipo
de peritos internacionales, con experiencia comprobada en la valoración y
el conteo de daños ambientales para demandar al Ejecutivo costarricense
una indemnización por los perjuicios ocasionados con la construcción de
la carretera junto al río San Juan.
También esta semana el
Parlamento de Nicaragua aprobó el proyecto de ley sobre la creación de
un canal interoceánico en el país por sus beneficios al comercio
mundial, fundamentados por la Comisión de Infraestructura del
Legislativo.
De acuerdo con la presidenta de esa Comisión, Jenny
Martínez, la obra pretende ofrecer una vía de comunicación alternativa
al mundo y proporcionar una fuente de desarrollo al pueblo nicaragüense,
sostenible y perdurable, que le ayude a erradicar la pobreza.
El Legislativo sometió la iniciativa de la Presidencia de la República a
un período de consultas a fin de que diversas instituciones y
organismos ofrecieran sus comentarios y aportes.
La ley crea la
Autoridad del Gran Canal de Nicaragua, institución que representará al
Estado y deberá gestionar las inversiones necesarias para llevar a
efecto la obra.
El proyecto, que cuenta con el visto bueno de la
Autoridad del Canal de Panamá, brinda grandes esperanzas de desarrollo
económico y social. | | |
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