Los abogados Mauricio Tamargo y Jason Pobrete están cabildeando con congresistas para que presenten una Ley que obligue a pagar no menos un 10 por ciento como “cuota de usuario” a las empresas -agrícolas, telefónicas, de remesas y viajes- que realicen operaciones con Cuba, afirmó la publicación digital Que pasa Miami.
La iniciativa, expresa, afectará principalmente a cientos de miles de emigrantes cubanos naturalizados o no, que mantienen vínculos con familiares en la Isla mediante llamadas telefónicas, envíos de remesas y viajes.
Pero además, apunta la publicación, se verían golpeados agricultores estadounidenses que venden alimentos a Cuba mediante licencias limitadas y puntuales, ya que el comercio entre ambos países está prohibido por el bloqueo económico, comercial y financiero de Washington desde hace más de 50 años.
Según estimados de expertos cubanos las restricciones durante ese período han costado a la isla más de 975 mil millones de dólares, cifra que tiene en cuenta la devaluación del dólar frente al oro en los últimos años.
Tamargo, quien fue funcionario del Departamento de Justicia durante la administración del presidente George W. Bush, propone que el dinero recaudado por el eventual impuesto se destine a cubrir demandas presentadas por personas que alegan haber sido afectadas por las leyes de nacionalizaciones del gobierno cubano.
Aunque Cuba indemnizó a ciudadanos y empresas de varios países, entre ellas españolas, suizas y británicas, la hostilidad de las autoridades estadounidenses y la imposición del bloqueo impidió hacerlo con los norteamericanos.
Según el artículo 5 de la Ley 851, del 6 de julio de 1960, el pago de los bienes expropiados se realizaría mediante bonos de la República emitidos a ese efecto por el Estado cubano y amortizados mediante las ventas de azúcar.
En marzo de 1960, el entonces presidente estadounidense Dwight Eisenhower eliminó la cuota azucarera cubana lo cual, unido al decreto oficial del bloqueo económico en 1962, impidió cualquier pago de compensaciones.
Las nacionalizaciones formaron parte de una política de reivindicación popular y fueron ejecutadas mediante el procedimiento reconocido internacionalmente de expropiación forzosa por causa de utilidad pública, incluyendo indemnizaciones y compensaciones.
(Con información de Prensa Latina)
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